¿qué es para ti el activismo?
la deuda trans/feminista
Es necesario enfatizar que el mérito de los logros alcanzados para la comunidad GLBTI no ha sido en su totalidad por el gobierno de turno.
El resultado obtenido, es producto del trabajo constante de activistas que, tras años de lucha, han logrado crear procesos reivindicatorios de derechos, permitiendo que estos últimos se materialicen a través del gobierne actual. El trabajo real lo hicieron desde la calle bajo una valiente lucha contra los prejuicios y la ignorancia de las personas frente a visibilización de los grupos LGBTI.
MÉRITOS REALES
Al cumplirse casi 20 años tras la despenalización de la homosexualidad en el país, la historia es la prueba de la relegación que han vivido las mujeres lesbianas, feministas, personas transgénero y transexuales en la sociedad ecuatoriana. No solo por su invisibilización dentro del sistema judicial, sino también por la desmemoria de la propia comunidad LGBTI que, además del desconocimiento del labor de estos grupos en la despenalización, aún mantiene discursos machistas y discriminatorios referente al arquetipo de mujer.
Por un lado, es interesante analizar que previo a la despenalización de la homosexualidad en 1997, la ley solo sancionaba las prácticas sexuales consentidas entre hombres mayores de edad; es decir, no había una sanción contra prácticas lésbicas o de identidad de género; en lo referente al lesbianismo no se consideraba delito porque no había “acto” y en lo trans, no había una investigación conceptual de identidades. Solo se las reprimía por su forma de vestirse y actuar que iba en contra a la moral y las buenas costumbres. Se invisibilizaba a la mujer lesbiana ya que ni como delito constaba.
El trabajo de las mujeres lesbianas y feministas en Ecuador se ha concentrado en la búsqueda de una reivindicación de derechos y una búsqueda de igualdad de oportunidades de género, más que una situación de orientación sexual.
Una de las movilizaciones activistas más representativas es “la Marcha de las Putas”, idea que nace en 2011 luego de que Constable Michael Sanguinetti, un oficial de policía de Toronto, sugiriera durante un juicio que trataba un caso de violación que “las mujeres debían evitar vestirse como putas” para prevenir el abuso sexual. A raíz de estas declaraciones, un colectivo de mujeres de la ciudad organizó la primera Marcha de las Putas, a ella acudieron, en su mayoría, mujeres que buscaban reivindicar su derecho a vestirse de cualquier manera y a no ser agredidas sexualmente por ello.
Ana Almeida, coordinadora de la Marcha de las Putas Ecuador, trajo la idea al país en el 2012. “Me parecía un movimiento que tenía mucho que dar desde la parte política pero también de la estética”, comenta para diario El Comercio en 2015.
Según el manifiesto de la organización, la Marcha de las Putas “surge en respuesta a actitudes y prácticas de maltrato, cosificación, estigmatización y opresión de las mujeres y cuerpos femeninos y feminizados”.
Otra manifestación que ha tomado fuerza en el país es “Ni una menos”, más que una campaña, un grito de protesta a la violencia de género que nació en Cuenca y se viralizó en redes sociales. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en el 2014 el 54% de muertes violentas de mujeres fue femicidio, esto es 97 de 179 casos. Guayaquil y Quito, con 13 casos cada una, son las ciudades que registraron más hechos de este tipo.
Por otro lado, y al referirse al hito más importante en la historia LGBTI del país: la despenalización de la homosexualidad en 1997, es importante destacar que la mayor cantidad de firmas recolectadas fueron por parte de trans femeninas, mujeres lesbianas, bisexuales y heterosexuales; esto se debió a que las mujeres experimentaban menos discriminación y censura social que los hombres gays para obtener una firma. Existe una desmemoria frente a este hecho ya que se desconoce incluso, el labor de recolección de firmas de grupos trans en las calles.
Lo cierto Y lo irónico es que a pesar que de este hecho, la comunidad lésbica y trans feminista sigue siendo discriminada y desplazada de esferas laborales, políticas y sociales Y la comunidad lésbica sigue siendo invisibilizada de problemáticas dentro de los colectivos.
El Ecuador ha dado grandes pasos en beneficio de la aceptación y reivindicación de los derechos de las personas LGBTI; el hecho de ser uno de los primeros países en la región en despenalizar la homosexualidad en 1997, y crear en 2008 normas que buscan la igualdad para las diversidades sexo-genéricas, evidencia una preocupación a nivel de país de generar políticas en pro a la diversidad; sin embargo, a pesar de mostrar esos cambios, también encontramos contradicciones dentro de la Constitución y del Estado.
En la Constitución del 2008 se crearon artículos a favor de la inclusión de las personas LGTBI, por ejemplo, en el art. 11 numeral 2 se establece que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de origen, orientación sexual, identidad de género, identidad cultural, idioma, religión”, entre otras diversidades de pensamiento y realidades.
Del mismo modo, el art. 66 reconoce y garantiza a las y los ciudadanos el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a tomar decisiones libres, voluntarias y responsables sobre su sexualidad; además, el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.
No obstante, el art. 67 de la Carta Magna declara, en el inciso segundo, que "El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer". Es evidente la contradicción e inobservancia y "por tanto" la violación de principios, valores y derechos constitucionales como el de la justicia, igualdad y libertad antes expuestos.
Nadie podrá ser discriminado por razones de identidad, de género y orientación sexual. Todas las personas son libres de autodeterminar su personalidad y orientación sexual. El Ecuador se ha definido como un estado de justicia, pero el matrimonio sigue siendo la unión entre un hombre y una mujer.
La misma disposición normativa (art. 67) "por un lado", reconoce los diversos tipos de familia, no indica cuáles pero sugiere que existen varias formas, sin que el origen de la misma (vínculos jurídicos y vínculos de hecho) signifique un tratamiento diferenciado, pero "por otro lado", genera discriminación al hablar de matrimonio, tomando en cuenta que la institución del matrimonio es un simple contrato civil que lo pueden celebrar todas las personas con excepción de aquellos que la ley ha declarado incapaces, y la homosexualidad no es una condición de incapacidad (art. 1462 del Código Civil).
En el mismo sentido, el art. 159 del Código de la niñez y adolescencia estipula en el numeral 6, que la adopción en Ecuador es específicamente para personas de distinto sexo. Entonces, estamos hablando de una igualdad de derechos selectiva. La Constitución indica que todos somos iguales y no se admite discriminación y que es el más alto deber del Estado cumplir y hacer cumplir los derechos constitucionales (art. 11 numerales 2 y 9); sin embargo, a través de una ley inferior se reduce e incluso de elimina la igualdad cuando se habla del derecho a la adopción.
Otro caso en el que se presenta una contradicción dentro de la Constitución es en la unión de hecho. En abril del 2015 la Asamblea Nacional aprobó la reforma al Código civil que da a las uniones de hecho el estatus de estado civil, incluso si son conformadas por personas del mismo sexo. Se modificó el art. 222 que sustituye los términos “hombre y mujer” por la palabra “personas”. Sin embargo, esto no se cumple en su totalidad.
Las normas no pueden ser creadas desvinculadas de la vida social y tampoco sobre ellas. Las normas deben nacer desde el interior de la sociedad, a través de las experiencias, las luchas y prácticas sociales. La política ecuatoriana bajo el eslogan “La revolución ciudadana” pretende mostrar una norma que responde a las necesidades de las comunidades LGTBI. Sus discursos se han inclinado bajo una ideología política de izquierda; sin embargo, el expresidente Correa se ha mostrado conservador y fiel a sus principios morales y religiosos.
A pesar de que como Presidente tiene el deber de hacer efectivos los derechos a la igualdad y no discriminación, no ha podido evitar estigmatizar en sus discursos a las personas LGBTI. En el enlace ciudadano Nº 354 desde Monte Sinaí, Guayaquil, afirmó que académicamente la ideología de género no merece análisis porque destruye a la familia.
Un gobierno que garantiza derechos no es mejor que otros, sino que es un gobierno que cumple con su deber constitucional de velar por los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. No hay por qué agradecer.
Finalmente, el art. 98 de la Constitución ecuatoriana establece la posibilidad que tenemos ciudadanos y colectivos de ejercer el derecho a la resistencia cuando se afecten derechos constitucionales por actos y omisiones del sector público y privado. En tal virtud, la comunidad LGTBI podría negarse a acatar órdenes, obedecer a una norma jurídica, realizar actos o servicios que perturben sus principios cívicos, morales, religiosos, laborales, si afectan sus derechos constitucionales.
Pero es necesario aclarar que la resistencia no consiste solamente en generar confrontación y protesta, consiste principalmente en generar una conciencia social y jurídica sobre una verdadera igualdad que esté en las normas y no se contradiga y que pueda materializarse en la realidad.
MARICONADAS
Ser activista de derechos de género es resistir a la norma injusta, pero también es interiorizar los derechos, porque la asimilación individual y colectiva del derecho puede convertirse en un recurso contra la discriminación que se realiza desde el Estado. La capacidad de percibir la injusticia del Estado y la sociedad permite que nazca la necesidad de crear mecanismos alternativos a la norma para poder acceder a los derechos. Un claro ejemplo de aquello es la niña que nació en Guayaquil, hija de padres transexuales, la ley prohíbe la adopción a homosexuales, pero existen otras opciones.
No se trata de mirar lo permitido y lo prohibido y desobedecer, se trata de cuestionar los límites impuestos desde la moral y las buenas costumbres caducas de un sector de la sociedad que, si bien es mayoritario, no puede afectar los derechos de las minorías, aunque se cuente con el 90 % de la aceptación.
Las resistencia o transgresión al derecho permite marcar un punto de partida y luego, un proceso desde el cual se dará una respuesta a la injusticia y a las limitaciones de la norma. El desafío entonces está en cada persona homosexual o heterosexual. Deben mirar las inconsistencias de la Constitución y dar respuesta a esta injusticia a través de las prácticas sociales coherentes con los derechos que se ha intentado proteger.
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El Ecuador aún está en proceso de cambio, pero es necesario visibilizar este tipo de falencias que contribuyen a la discriminación, el desconocimiento y el irrespeto hacia la comunidad LGBTI. No solo son derechos de un grupo de ´maricones´ ´machonas´ o ´desviados´, que buscan casarse o adoptar; cabe recalcar que se usa estos términos como reapropiación de un concepto impuesto.
Visibilizar no es solo ver, es repensar y cuestionar también.